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Vodafone propone limitar los apagones de Internet a medidas excepcionales y supervisadas

La operadora plantea que los gobiernos solo restrinjan la conectividad en casos excepcionales, con base legal, alcance y duración definidos y supervisión independiente. La propuesta llega tras registrarse 313 interrupciones deliberadas en 52 países durante 2025, con un costo estimado de 20.000 millones de dólares.

Por ViaMind Radar · Publicado 19.09.2026 · 21:00

Fuente: TeleSemana · Ver original ↗

Ilustracion contextual ViaMind · no es fotografia del hecho

Lo reportado

Según TeleSemana, Vodafone presentó una propuesta de gobernanza para que los gobiernos recurran a restricciones de conectividad solo como medida excepcional, limitada en alcance y duración, con fundamento legal y supervisión independiente. El planteamiento forma parte del informe Network Shutdowns in a Connected World y no constituye una norma adoptada por autoridades o reguladores.

La propuesta llega después de que Access Now y la coalición #KeepItOn registraran al menos 313 interrupciones deliberadas de Internet en 52 países durante 2025, la cifra anual más alta de la serie citada en el documento. Las horas de apagón total aumentaron 47% frente a 2024, mientras que las restricciones a una única plataforma de redes sociales crecieron 66%.

El informe de Vodafone calcula que alrededor de 800 millones de personas estuvieron afectadas por restricciones deliberadas de Internet o de otras redes en 2025, y estima un costo económico mundial cercano a 20.000 millones de dólares, con una proporción mayor de las pérdidas concentrada en países de ingresos bajos y medios.

Estado de evidencia: Las afirmaciones materiales incluidas fueron contrastadas con la evidencia enlazada.

Mirada ViaMind

Vodafone intenta convertir los apagones de Internet en un problema de gobernanza y costo económico, no solo de derechos, para desincentivar su uso como herramienta política barata.

La propuesta de Vodafone no es un gesto filantrópico: es una defensa del modelo de negocio de las operadoras. Cada apagón prolongado degrada la confianza en la conectividad y, con ella, la disposición a pagar por servicios que dependen de una red que el Estado puede cortar. Al pedir controles legales, Vodafone busca trasladar el costo de la decisión desde la infraestructura hacia el proceso político.

El dato de 20.000 millones de dólares en pérdidas estimadas convierte un debate sobre derechos digitales en un argumento de eficiencia económica. Si los gobiernos internalizan ese costo, la restricción de Internet deja de ser una herramienta barata de control y pasa a competir con otras políticas públicas que también exigen recursos y supervisión.

La exigencia de supervisión independiente y revisión judicial es el punto más disruptivo: saca los apagones del ámbito técnico-operativo y los somete a estándares similares a los de otras medidas restrictivas de derechos. Para los reguladores, esto implica asumir un rol activo que hoy no tienen en la mayoría de los países.

El escenario más probable es que la propuesta no se adopte como norma, pero sí se convierta en referencia para litigios y presión ciudadana. Las cifras de Access Now y #KeepItOn ya circulan en ese ecosistema; el marco de Vodafone les da un lenguaje de gobernanza que puede ser usado por tribunales y organismos de derechos humanos.

Qué seguir

Habrá que observar si algún regulador u organismo internacional retoma el Transparent Governance Framework en los próximos meses, o si Access Now y #KeepItOn lo citan en sus informes de 2026.